Carta al presidente Feijoo

Edu Valiña

<<Es lícito que el proveedor procure su beneficio y que la administración tenga en cuenta sus intereses. Pero en esa negociación no debería admitirse que un proveedor actúe en su propio interés y al mismo tiempo intervenga en representación de las necesidades de las personas sujeto del derecho a la prestación tratada.>>

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia
Edificio Administrativo San Caetano
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Ribeira, 1 de marzo de 2019.

Sr. Presidente:

La Conselleira de Política Social ha anunciado en el Parlamento de Galicia que a partir del mes de abril entra en vigor la modificación de algunas de las condiciones que regulan la prestación de asistencia personal en Galicia con la intención de mejorarla.

Según fuentes relacionadas con el principal agente proveedor, parece que dichos cambios suponen que los proveedores recibirán un mayor ingreso sin variar su servicio, en detrimento de los usuarios, quienes obtenemos el mismo número de horas de asistencia a un mayor coste. Aseguran que dicho proveedor ha negociado o acordado con la administración el incremento de la prestación. Es lícito que el proveedor procure su beneficio y que la administración tenga en cuenta sus intereses. Pero en esa negociación no debería admitirse que un proveedor actúe en su propio interés y al mismo tiempo intervenga en representación de las necesidades de las personas sujeto del derecho a la prestación tratada. De ser así, y no sería la primera vez, se estarían anteponiendo los intereses mercantiles del proveedor sobre las necesidades individuales de los beneficiarios de la prestación, dejando los intereses de los usuarios en estado de desprotección. Relegarnos al papel de meros objetos de la transacción acordada, silenciar nuestras propuestas y reivindicaciones como ciudadanos sujetos de las políticas de dependencia, incapacitarnos como expertos en nuestras vidas y competentes en asistencia personal, representa un paso más para consolidar la condición de pendetariado. Nos sitúan en una categoría social fruto de la concepción economicista y tecnocrática de nuestros cuerpos y contraria a los derechos humanos. Se nos banaliza, desempodera y aisla para mantenernos sometidos a una relación de dependencia en el funcionamiento, administrativa y política, pasivamente destinados a la generación de riqueza para terceros, encadenados a un proceso productivo en el que las mercancías somos nosotros y se nos regula como masa disponible para negociar el nuevo maná. Las necesidades individuales, las preferencias personales no son atendidas y el apoyo personalizado no es ni suficiente ni flexible para adaptarse a las exigencias de los usuarios, sino a la utilidad mercantil de quienes planifican nuestro sentido de vida y castran la imaginación. Todo ello contraviniendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Especialmente afectadas por ese arreglo son las personas gravadas por copago, que estando ya discriminadas podríamos ahora vernos obligadas a abandonar el sistema al deber afrontar mayores importes en concepto de participación del usuario en el coste de la prestación. Téngase en cuenta que esa participación alcanza hasta un cuarenta por ciento del importe de la prestación  y que el servicio de asistencia personal ni proporciona servicios hosteleros ni facilita otras necesidades vitales, y tampoco tiene en cuenta los costes de vivir en situación de dependencia. Acredito que el copago representa para los usuarios de asistencia personal una medida confiscatoria que discrimina a los trabajadores quienes aún desde la dependencia funcional afrontamos ocupaciones laborales o productivas por las que ya tributamos. Se penaliza a personas trabajadoras en situación de dependencia que acceden al sistema público. Y hemos de hacerlo para poder trabajar y satisfacer los costes de vivir con una discapacidad severa, ya que tampoco disponemos de la capacidad económica suficiente para rehusar a la prestación y liberarnos de cargas burocráticas. El copago actúa como medida regresiva que equivale a una providencia disuasoria para inducir a la autoexclusión de lo público, a vivir en B.

Las circunstancias de la asistencia personal en Galicia constituyen un arreglo precario de las situaciones de dependencia severa y de larga duración. En la práctica se fuerza a las personas a vivir dependiendo de sus familias o a residir en instituciones. De un total de 70.717 personas beneficiarias del sistema de dependencia en Galicia, la prestación de asistencia personal sirve a 112 beneficiarios que pueden recibir 120 horas mensuales de asistencia. Aún representando una cifra minúscula en los números de la hacienda pública, se nos mantiene en una insuficiencia que imposibilita el cumplimiento de los estándares aceptables de vida independiente, reconocidos por las organizaciones sociales especializadas e instituciones internacionales, y se impide satisfacer a las personas con mayores necesidades asistenciales, las calificadas con Grado III, que no pueden tener una vida independiente en Galicia. Por ello, la prestación en vigor debe considerarse un servicio de ayuda a domicilio mejorado, ya que en la práctica no cumple los requisitos que plantea el artículo 19 de la Convención. La prestación actual resulta claramente ineficaz para evitar el internamiento de esas personas en instituciones residenciales cada vez que una red de apoyo familiar se debilite. Mientras, se nos considera eternos infantes, no envejecemos y nuestras familias tampoco, por eso ni la administración ni los proveedores que se apropian de nuestra voz se plantean qué sucede cuando las personas en situación de dependencia hemos de cuidar de nuestros mayores. Quienes por cualquier razón pretendamos evitar las dependencias informales familiares o compasivas y autogestionar nuestra independencia, en el mejor de los casos, hemos de complementar esas 120 horas con otros apoyos formales que aquí la administración se resiste a proporcionar. En el marco de la Convención no es aceptable ver como en Galicia la financiación estatal, regional y europea sigue alimentando y acrecentando servicios no inclusivos y segregadores anunciados bajo la apariencia de “vida comunitaria” o “independiente”.   

Tras más de diez años recibiendo las propuestas, peticiones y sugerencias de mejoras presentadas por personas consideradas como dependientes abogando por la vida independiente y resultando no contempladas o deturpadas, la Xunta de Galicia sigue realizando un importante esfuerzo financiero en equipamientos y servicios basados en el modelo de dependencia y segregación, en detrimento de fórmulas que posibiliten la inclusión y la vida independiente, sin atender a las necesidades y consideraciones de las personas que para sí lo reclaman con el aval de la Convención. No se ha iniciado la obligada planificación estratégica para lograr servicios de apoyo a la vida independiente eficaces. La administración se resiste a asignar recursos al desarrollo de servicios de apoyo apropiados y suficientes, autogestionados y dirigidos por el interesado o el usuario. No es posible actuar como empleador directo porque se obliga a utilizar una figura laboral inadecuada para el empleo directo y el control por el usuario. Tampoco ha sido posible emprender programas de vida independiente basados en autogestión de la asistencia personal, al modo de los que desde hace más de dos décadas funcionan en Madrid, Barcelona o Andalucía, por ejemplo, brindando mucho más que vidas retóricas.

Ni siquiera el respaldo unánime del Parlamento de Galicia a dos proposiciones no de ley presentadas en ese sentido ha tenido efecto para lograr adecuar la asistencia personal a lo dispuesto por la Convención en su artículo 19. Quienes por motivos ideológicos o políticos, desde su función pública o desempeño, hacen efectivos los impedimentos a la vida independiente, están situando a la Xunta de Galicia como una administración objetora de los derechos reconocidos en la Convención. Lesionan a quienes precisamos de apoyos para hacer efectivos nuestros derechos humanos y constitucionales y nuestra vida independiente, y perjudican a Galicia cuando se impiden las posibilidades de la libertad, la igualdad y la justicia para sus ciudadanos más vulnerables.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ocupa, desde el seno de la ONU, de velar por el cumplimiento en los países miembros de todo lo estipulado en la Convención. El 27 de octubre de 2017, el Comité publicó la Observación general número 5 sobre el artículo 19, la cual  tiene por objeto ayudar a los Estados partes a aplicar dicho artículo y cumplir las obligaciones que les impone la Convención, con especial énfasis en la autogestión por parte del usuario. La Xunta de Galicia, como institución del Estado, debe atender los compromisos a los que la Convención obliga. Todos y cada uno de los responsables de la administración autonómica deben conocer y hacer efectivo el artículo 19 del Tratado conforme a lo observado por el Comité, libres de interpretaciones espurias.

La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con Estatuto de Autonomía que le reconoce competencias exclusivas en materia de asistencia social, por ello solicito que se dispongan por la Consellería de Política Social las medidas oportunas para que la Prestación de asistencia personal de Galicia se ajuste a lo indicado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Observación general número 5 sobre el artículo 19. Concretamente: puesto que se considera contrario a la Convención que las personas con discapacidad sufraguen por sí mismas los gastos relacionados con la discapacidad, pido con urgencia la supresión de los copagos que gravan servicios de apoyo puramente personales, como la asistencia personal que se me ha reconocido y tengo en parte confiscada desde su concesión; pido la financiación suficiente para que la prestación de asistencia personal facilite la contratación de un número de horas de apoyo adecuado a las circunstancias individuales de cada persona, siendo en mi caso las necesarias hasta completar un total de noventa horas semanales. Pido curar la injusticia.

Apelo a Vd. para que la Xunta de Galicia actúe diligentemente conforme al artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y posibilite a cualquier persona en situación de dependencia que así lo decida el vivir con quien quiera y como quiera, en la comunidad que elija y en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Vida independiente es poner la dignidad humana en primer lugar.

Atentamente,

José Antonio Nóvoa Romay